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Las polémicas judiciales y la falta de debates marcaron la campaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las impugnaciones a la Justicia por las candidaturas "testimoniales", la citación de la Justicia a De Narváez, así como las denuncias de fraude y la sospechas sobre los sondeos postergaron las propuestas y los debates |
Hasta una sospechada intención de perjudicar a uno de los candidatos centrales en la Provincia motivó, una vez más, la actuación de los jueces. Un tal Fernando Jesús Narváez, cabeza de lista de un partido que se autodenomina "socialista" y vecinal del Conurbano, fue inhabilitado ya que su apellido podría confundir al electorado y restarle votos a de Narváez, según denunció el empresario ante la Justicia. Como si fuera poco, las "listas colectoras" de candidatos del vicepresidente Julio Cobos en territorio bonaerense también fueron desplazados por la Justicia de las boletas del Acuerdo Cívico. Justamente el frente de Elisa Carrió encabezó, una vez más, las denuncias sobre un posible fraude. En las presidenciales de 2007 aseguraron en la Coalición Cívica que en la Provincia robaron unas 30.000 boletas del partido. Eso disparó el reparto de papeletas de numerosos partidos en la vía pública esta vez. Es que, además, hay mucho temor de que en el cuarto oscuro aparezcan boletas apócrifcas. De hecho, Unión-Pro imprimió 100 millones de boletas. Es decir, más de tres papeletas por cada elector argentino, pese a que el frente que también lideran Mauricio Macri y Felipe Solá se presenta como tal sólo en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas de intención de voto también fueron protagonistas luego que el Acuerdo Cívico intentara quitarles credibilidad. Pero no fueron los únicos. Los sondeos marcaban una polarización del voto en la Provincia entre el PJ y Unión-Pro. En la Capital Federal, hasta en el Proyecto Sur de Pino Solanas tomaron las cifras "con pinzas". Y eso que las encuestas lo daban segundo al cierre de la campaña, por varios puntos de ventaja con relación al primer candidato del Acuerdo Cívico, Alfonso Prat Gay. Infobae.com |
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El juez federal con competencia electoral de La Plata, Manuel Blanco, fue uno de los máximos protagonistas de la campaña de estas legislativas. Otro juez federal, Federico Faggionato Márquez (Zárate-Campana), también tuvo una nada menospreciable presencia en los medios de comunicación. Ellos casi que marcaron el pulso de la campaña.
El primero aprobó las denominadas candidaturas "testimoniales" de Daniel Scioli, Sergio Massa y Néstor Kirchner (aunque el ex Presidente reiteró que asumirá si es elegido) tras las impugnaciones del Acuerdo Cívico. Y el segundo citó a indagatoria al postulante de Unión-Pro, Francisco De Narváez, porque uno de sus empleados llamó a uno de los personajes centrales de la causa del tráfico de efedrina hace tres años. El diputado nacional y candidato de Unión-Pro recusó al magistrado y no asistió a la convocatoria, pero el caso desató acusaciones y contestaciones desde el oficialismo que poco tuvieron que ver con los proyectos de los postulantes o los debates sobre las principales problemáticas a nivel local y nacional. Hasta la Corte Suprema estuvo a punto de tener que intervenir en la campaña a contrarreloj, pero la Justicia electoral se pronunció antes de que eso ocurriera. De esa manera, el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de "judicializar la campaña", mientras los actos y recorridos por las localidades clave se agotaban. Recién en los últimos días hubo planteos concretos a favor de las estatizaciones (kirchnerismo) o, en la vereda de enfrente, las privatizaciones (macrismo y Unión-Pro). Eso no fue todo: en los juzgados también se decidió la anulación de la candidatura de Luis Patti, quien desde la cárcel se lanzó como candidato a diputado nacional. Procesado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era comisario en Escobar en la dictadura, una avalancha de impugnaciones sepultaron sus aspiraciones de regresar a una Cámara de Diputados que ya lo desplazó una vez por "falta de idoneidad moral". |
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